Los otros condenados

La anciana. Una enfermedad le robó la visión.

Visita a una casa condenada. Visita a una familia atravesada por un dolor insuperable. Historia de una familia que lo perdió todo.

Liliana, cargando en brazos a su hijo de dos años, me invita a seguir a una de las habitaciones que rodean el patio de su casa. Al entrar trato de que mis pasos no hagan crujir la madera del suelo porque observo sobre la cama a una anciana que duerme. “Es mi mamá”, me dice Liliana. La anciana, al escucharla, se despierta y empieza a sentarse con dificultad, quejándose. “¿Ya es de noche, mija?”, pregunta. Liliana le responde que apenas son las cuatro de la tarde y que ya llegó el periodista. Saludo entonces a la anciana mientras la veo que palpa el velador en busca de un rollo de papel higiénico. “Disculpará que no le dé la mano, señor periodista, pero es que soy ciega, no veo ni tan siquiera la luz del sol”, me comenta al tiempo que arranca un trozo de papel higiénico para limpiar las lagañas que brotan de sus ojos. Le digo que no se preocupe y le pregunto si es ciega de nacimiento. Me responde que hasta hace tres años veía bien, pero una enfermedad ocular llamada glaucoma le cogió tanta ventaja que los médicos ya no pudieron hacer nada. 

Entre tanto, Liliana sale de la habitación. Un momento después regresa, ahora carga a su hijo con una mano y con la otra sostiene una silla. Me invita a que me siente. Ella, por su parte, se acomoda al lado de su madre en la cama y suelta un suspiro de alivio. “A veces ya no jalo de tener todo el día cargado al niño”, me dice. “¿Es perezoso?, ¿no le gusta caminar?”, le pregunto con una sonrisa. Ella me mira a los ojos y me responde que no, el niño sufre de parálisis cerebral. Lo reparo y noto que su boca permanece abierta y su cuerpo completamente inmóvil. “En el hospital me dejaron pasar el tiempo del parto y le hicieron un daño bien grande a mi niño”, me explica. Luego, con rabia, agrega: “Lo peor de todo es que con el tratamiento el niño empezó a mejorar, a mover sus manitos, sus piecitos, sus ojos, incluso veces hasta se reía, pero tuvimos que suspenderle todo, medicina, tratamiento, todo, porque nos quedamos sin plata por estar pagando los abogados para mi esposo”. La anciana empieza a llorar, arranca un nuevo trozo de papel higiénico y esta vez limpia sus lagañas bañadas en lágrimas. “Sólo Dios sabe, señor periodista, todo el daño que nos han hecho llevándose al hombre de la casa”, dice entre sollozos. 

Al fondo Liliana le prepara la cena a su mamá.

“¿Cómo está él?”, pregunto refiriéndome al hombre de la casa, a Aníbal, el esposo de Liliana. La anciana me explica que debido a su ceguera y a sus achaques no ha podido visitarlo en la cárcel, si a duras penas puede levantarse de la cama. Liliana me cuenta que Aníbal está más flaco de lo que era, llora mucho y ha perdido el voraz apetito que lo caracterizaba. “¿Cómo le van a dar ganas de comer allá encerrado?”, me pregunta y de inmediato se responde ella misma: “Ahí sí como él escribió en un poema: La cárcel es un cementerio de vivos, Estamos muertos aunque sigamos vivos”. Los versos me llaman la atención. Le pido que me los muestre. Liliana se levanta de la cama y saca del cajón del velador un álbum fotográfico donde guarda los poemas que su esposo ha escrito desde el día en que fue detenido, 28 de enero, hasta la fecha. Después de leerlos, me detengo a observar las fotografías. Ella también ha perdido mucho peso. Su rostro ya no refleja la misma vitalidad del anterior diciembre, cuando la fotografiaron bailando en una fiesta familiar, sonriente y abrazada a su esposo. 

Liliana me comenta que además él hizo una tarjeta que le dio como regalo del día de la madre. Pero la guarda celosamente porque la hará enmarcar apenas tenga unos centavitos de sobra. “A mí también me mandó una para el día de la madre”, interviene la anciana. “Aníbal siempre fue muy atento conmigo”, empieza a recordar mientras arranca otro trozo de papel higiénico y limpia las lagañas que no paran de acumularse en sus ojos: “Cuando él llegaba del trabajo venía a saludarme aquí a la cama, y después de un ratico vuelta regresaba a servirme más que sea una agüita”. Pero sus recuerdos son interrumpidos por la voz de alguien que nos saluda a todos desde la puerta de la habitación. Es una chica alta y guapa de 17 años que viste uniforme colegial. Es la hija de Aníbal y Liliana. Le informa a su madre que ya acabó el trabajo con sus compañeros de curso y ahora se dedicará a leer. Liliana le propone que se quede un rato con nosotros y se una a la conversación. La chica obedece en silencio.

La anciana, que se encuentra
completamente ciega, confía
en la inocencia de su yerno.

“¿Qué opinas tú de lo que le está sucediendo a tu papá?”, le pregunto cuando ya se ha sentado en la cama al lado de su madre y de su abuela. Ella empieza a mover la cabeza en señal de negación y dice que es imposible que su papá haya violado a una mujer, peor aún a una mujer con discapacidad. “Entonces, ¿por qué ella lo acusa?”, insisto. “Porque los seres humanos, en este caso ella, cometemos errores, decimos mentiras y perjudicamos a los demás”. Liliana interviene con vehemencia: “Y harto que nos ha perjudicado esa mujer. A mi esposo le quitó el honor. Eso es como coger una gallina y arrancarle las plumas. Ya nunca volverá a ser igual”. La anciana nuevamente no soporta el dolor y empieza a llorar apretando en sus manos el rollo de papel higiénico. “¿Ya es de noche, mija?”, pregunta cuando se tranquiliza. Liliana, con un tono de preocupación, le responde que sí. De inmediato manda a su hija a la cocina a calentar la cena. Luego acuesta al niño en la cama para hacerle la tercera y última terapia del día. Le mueve los brazos, las piernas, le da volantines y le pasa una linterna por el rostro para estimular el movimiento de los ojos.

Antes de marcharme, le pregunto a la anciana qué les diría a los jueces de la Corte Superior que en algunas semanas, en un fallo de segunda instancia, determinarán la culpabilidad o inocencia de Aníbal. “Nada, señor periodista, ellos deben saber que arriba hay un Dios que todo lo ve y todo lo oye, que todo lo sabe. Un Dios que hará justicia”.

Los pasos fronterizos entre Colombia y Ecuador

Paso fronterizo entre Urbina, Ecuador, e Ipiales, Colombia.

¿Qué significa vivir en la línea de la frontera? La hermandad, el contrabando, los temores y las fiestas de algunos pueblos ubicados en la línea fronteriza.

René Noguera, presidente de la Junta Parroquial de El Carmelo, recuerda que hace veinte años llegaron a su población funcionarios de las cancillerías de Ecuador y Colombia para solucionar algunos problemas fronterizos. La primera idea que se les ocurrió fue dinamitar la carretera que comunica a esta población ecuatoriana con La Victoria, en el departamento de Nariño, para así evitar el contrabando de mercancías. “Todos nos opusimos”, cuenta Noguera, “les explicamos que eso era como si nosotros fuéramos a las oficinas de ellos en Quito o Bogotá y les cortáramos las manos para que dejaran de robar”. 

Desde aquella época, otros líderes políticos y autoridades aduaneras han propuesto bloquear esta carretera de siete kilómetros sin pavimentar, pero sus habitantes siempre les han contestado que eso significaría matarlos. Porque por ahí, todos los fines de semana, ellos transportan de un país a otro los productos que cosechan para venderlos en las pequeñas ferias de mercado. También, entre semana, por ahí van a visitar a los hijos que se enamoraron y se fueron a vivir al otro lado donde sus parejas. Y en las temporadas de fiestas, la utilizan para llevar a donde sus vecinos fronterizos las carrosas, las comparsas, las obras de teatro, los grupos de danzas, las imágenes religiosas y los equipos de fútbol con que participan y materializan lo que ellos denominan “la integración cultural”. 

Una situación similar se vive entre la parroquia ecuatoriana de Tufiño y la vereda colombiana de Chiles. Pero la carretera que une a estas dos poblaciones sirve, además, para que todos los días a las siete de la mañana más de cien campesinos colombianos crucen la frontera y vayan a trabajar a territorio ecuatoriano. “Es que en Colombia”, explica Florentino Chenás, ex dirigente del resguardo indígena de Chiles, “no tenemos trabajo; en Ecuador sí hay y pagan mejor que aquí”. Al otro lado de la frontera, Rosa Pozo, secretaria de la Tenencia Política de Tufiño, añade otra razón: “en Ecuador preferimos al trabajador colombiano porque es sacrificado, mientras que nuestra gente de aquí no necesita esforzarse: se gana la vida solo con ordeñar sus vaquitas”. 

Paso fronterizo entre El Carmelo, Ecuador, y
la Victoria, Colombia.

Por esta carretera, además de los campesinos trabajadores, también transitan cada día más de ochenta niños colombianos que estudian en territorio ecuatoriano, en la institución pública Luis Gabriel Tufiño, que tiene en total 140 alumnos. Ahí no solo les ofrecen una educación totalmente gratuita sino que también les dan sin ningún costo el desayuno, los útiles escolares y los uniformes. “Estos niños”, dice con indignación el gestor cultural Jaime Coral, “aprenden todo sobre Ecuador, nada de su país, lo que les crea un desarraigo cultural, el malestar de sentirse abandonados por su propia patria”. 

Ese abandono es más notorio aún en las poblaciones del Pacífico nariñense. Por ejemplo, en San Juan, Tallambí y Numbi, por mencionar solo algunas veredas, no hay ni siquiera vías de acceso; los pobladores, en su mayoría indígenas awás y afros, deben movilizarse durante días por trochas para llegar a alguna carretera. En cambio, al frente de cada una de estas poblaciones, en el territorio ecuatoriano, no solo existen carreteras y todos los servicios básicos, sino que además hay una aceptable infraestructura turística que les permite a sus habitantes obtener ingresos. “Los del lado colombiano estamos jodidos, lo poco que cosechamos tenimos que sacarlo es por Ecuador, acá no tenimos nada,” dice el indígena Segundo Güiz mientras camina los diez minutos que separan a su vereda, Tallambí, de la parroquia ecuatoriana de Chical, llevando al hombro dos sacos repletos de lulos. 

Emilio Paspuel también cruza la frontera todos los días, pero lo hace por una de las tantas trochas que comunica al municipio colombiano de Ipiales con el cantón ecuatoriano de Tulcán, las dos principales ciudades de la frontera. Su viaje consiste en llevar su yegua, llamada Bondad, hasta una casa en las afueras de Tulcán, donde la carga con dos cilindros de gas (diez mil pesos) que luego lleva a revender en las afueras de Ipiales (treinta mil pesos) para ganarse así el pan de cada día (veinte mil pesos). “A veces escasea el gas”, cuenta Paspuel, “entonces toca echarle otra carga a la Bondad: azúcar, arroz, jabón, lo que sea sirve porque en Ecuador todo es más barato que en Colombia”. 

Paso fronterizo conocido como Cuatro
Esquinas, entre Tulcán, Ecuador, e
Ipiales, Colombia. 

Luis Rosero Bilbao lleva más de 28 años viendo pasar todos los días por estas trochas a Emilio Paspuel y a otros centenares de contrabandistas. Él ha trabajado todos esos años como operario de la planta La Playa, que surte de energía eléctrica a Tulcán y queda ubicada sobre la línea fronteriza, en un sector conocido como Cuatro Esquinas. “Es impresionante la cantidad de gas que se llevan”, dice, “yo no estoy de acuerdo porque el subsidio que tiene ese combustible lo pagamos los ecuatorianos, y debe ser para nosotros, no para los colombianos”. 

Es por esa razón que las autoridades aduaneras de Ecuador han bloqueado con enormes zanjas algunos caminos que en este sector comunican la frontera. “Lamentablemente los contrabandistas son tan audaces que, en algunos casos valiéndose de las autoridades autóctonas, desbloquean o abren nuevos caminos, aduciendo que es un paso para el sostenimiento alimenticio”, dice Ramiro Urresta, director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, distrito Tulcán. El teniente Eder Siachoque, de la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, en Ipiales, también considera que estos bloqueos “ayudan mucho para acabar con esa cultura del contrabando que existe por ahí”. 

Por el contrario, Jaime Coral se opone rotundamente a estos bloqueos, ya que, asegura, son ordenados desde Quito o Bogotá sin tener en cuenta la realidad histórica de la frontera. “Nuestros pueblos”, explica, “desde la época en que éramos una sola nación conocida como Los Pastos, han transitado libremente por estos caminos trayendo y llevando mercancía, sin que nunca se les tachara de contrabandistas”. De hecho, a pesar de las restricciones que existen en esta zona de frontera entre Ipiales y Tulcán, los habitantes de ambos países, al igual que sucede entre las poblaciones de La Victoria y El Carmelo o de Chiles y Tufiño, poseen un espacio de “integración cultural” donde los caminos se tornan fundamentales. Se trata de una fiesta conocida como el Carnaval, que es organizada cada 28 de diciembre por los del lado colombiano y antes del miércoles de ceniza por los del lado ecuatoriano, pero que consiste en que los habitantes de ambos lados se reúnen a orillas del río Carchi, que marca la frontera en este sitio, para echarse agua mientras escuchan algunas orquestas y disfrutan de las comidas típicas. 

Paso fronterizo entre Tufiño, Ecuador, y
Chiles, Colombia.

Para todas las personas que habitan a las orillas de la frontera colombo ecuatoriana, las trochas y las carreteras que unen a ambos países, más allá de ser pasos por donde circula el contrabando, son un vínculo que permite el desarrollo económico, social y cultural. “Las autoridades de ambos países”, dice René Noguera, “deberían dejar de pensar en destruir estos caminos y más bien deberían ponerse a abrir nuevos caminos o asfaltar los que ya están hechos, porque entre las personas que vivimos a uno y otro lado de la frontera no hay diferencias: somos los mismos hijitos de Dios”.

Este texto fue publicado en El Espectador. 

La marcha más grande en la historia de Colombia

Foto tomada de: Elespectador.com

Hace seis años escribí esta crónica sobre una multitudinaria marcha realizada por los paeces. Parece que desde aquel tiempo hasta ahora nada ha cambiado en el Cauca. 

La magnitud de la marcha empezó a vislumbrarse cuando el Presidente Álvaro Uribe viajó hasta el Cauca con el único propósito de cancelarla. “¿Qué necesitan? Firmemos un acuerdo”, les dijo a los líderes indígenas en una reunión que se realizó en Popayán el viernes 10 de septiembre. Daniel Piñacué, Diputado por el Cauca, le recordó que los indígenas estaban firmando acuerdos desde la época de la Conquista. Entonces, el Gobernador del Valle, Angelino Garzón, y el del Cauca, José Chaux Mosquera, intervinieron tratando de explicar que la actual situación del país no era apropiada para realizar una marcha tan grande. Esta vez, Daniel Piñacué se levantó con rabia y les gritó: “¿Cuántos muertos más tienen que haber, cuántos líderes más tienen que detener, cuántas leyes más nos tienen que imponer para que llegue el momento oportuno de que los indígenas sean escuchados?”. 

En el lugar detonó un silencio que marcó el final de la reunión. Los líderes indígenas, sin embargo, antes de irse, se comprometieron a no bloquear ninguna vía ni permitir que se presentaran actos de violencia durante la marcha. Así mismo, los Gobernadores del Valle y del Cauca garantizaron que iban a facilitar las condiciones de desplazamiento y los lugares de campamento. El Presidente, por su parte, se marchó sin ni siquiera despedirse. 

Las razones que justificaron la marcha 

Los líderes indígenas tenían razones de peso para realizar la marcha. En primer lugar, no podían defraudar a los más de setecientos mil indígenas de todo el país que los habían respaldado mediante sus organizaciones. En segundo lugar, las problemáticas sociales estaban alcanzando un límite intolerable. Había que hacer lo posible para liberar al líder indígena Alcibíades Escué y rechazar el Tratado de Libre Comercio (TLC), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la Política de Seguridad Democrática, la ejecución del Estatuto Antiterrorista, la Reforma Constitucional, la Ley de Alternatividad Penal, entre otras cosas. Además, los indígenas necesitaban “denunciar ante Colombia y el mundo el permanente accionar militar al interior de nuestros Resguardos, donde todos los grupos armados –Ejército, guerrilla, paramilitares– nos están asesinando”, declaró Daniel Piñacué cuando la marcha llegó al Coliseo El Pueblo, en Cali. 

Los primeros pasos del largo camino 

Foto tomada de: Elespectador.com

Lo que se convirtió en la movilización indígena más grande en la historia de Colombia, empezó el lunes 13 de septiembre cuando veinticinco mil indígenas paeces, provenientes del sur del Cauca, se reunieron en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María. Al día siguiente, martes 14, marcharon por un solo carril de la vía Panamericana hasta Santander de Quilichao. Ahí los esperaban otros veinte mil paeces que habían bajado de las frías montañas del norte del Departamento; además habían cinco mil indígenas de otras etnias, entre los que se encontraban los Yanaconas del Macizo, los Coconucos del Huila, los Awa de Nariño, los Ingas del Putumayo, los Witoto del Amazonas, los Guambianos del Cauca, los Embera del Choco y los Afrocolombianos del Patía. Ese mismo día, los cincuenta mil indígenas, custodiados por nueve mil quinientos hombres de la Guardia Indígena y bajo la supervisión de doscientas enfermeras de los Resguardos, marcharon (nuevamente sin obstruir el tráfico) hacia el pueblo de Villarrica para instalar ahí su campamento. El miércoles 15, con cinco mil nuevos indígenas y campesinos provenientes del Valle, llegaron a Jamundí en donde los esperaban otros cinco mil indígenas que habían bajado de pueblos como El Tambo, Buenos Aires, La Balsa y Suárez. Por último, el jueves 16, la gran marcha de sesenta mil indígenas que habían recorrido más de cien kilómetros en tres días, madrugó rumbo a su destino final. 

Una marcha pacífica pero contundente 

Los primeros indígenas llegaron a Cali antes del amanecer. Venían en una caravana de catorce camiones, diecisiete jeeps Willys y diecinueve buses que cargaban varias toneladas de alimentos y una cantidad impresionante de leña. Además, traían los plásticos y las cuerdas que a las seis de la mañana empezaron a templar en las afueras del Coliseo El Pueblo para instalar el campamento a donde iba a llegar la gran marcha. Entre tanto, en la vía Panamericana las autoridades empezaban a desviar el tráfico. Se trataba de un enorme dispositivo de seguridad que contaba con más de dos mil quinientos policías fuertemente armados, además de un helicóptero, dos tanquetas antimotines y un gran número de camionetas y motos de alto cilindraje. Sin embargo, la gran marcha indígena, cuyo nombre era Minga Indígena y Popular Por La Vida, La Justicia, La Alegría, La Libertad y La Autonomía, salió de Jamundí en completo orden. “Son tres días de manifestación y convivencia entre miles de personas sin expresiones de violencia”, dijo Jorge Caballero, Director de Comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Luego, mientras escuchaba los aplausos de los habitantes de Jamundí que habían madrugado a despedir la marcha, complementó: “Aunque no se puede negar que le estamos haciendo mucho daño al gobierno del Presidente Álvaro Uribe”. Era cierto, ese mismo jueves estaban marchando en la Guajira los Wayúu y los Yupkas; en Sincelejo los Zenú; en Santa Marta los Mocaná; en Bogotá los Pijaos, los Muiscas y la comunidad Gay; en Cúcuta el magisterio y a nivel nacional los transportadores se encontraban en paro: la imagen que el Presidente había construido empezaba a desmoronarse. 

El inminente choque entre indígenas y policías 

Un día antes, los medios informaron que la Alcaldía de Cali había modificado la ruta de la marcha dentro de la ciudad. Ya no pasaría por la calle Quinta, sino que se desviaría por unas autopistas secundarias en busca del Coliseo El Pueblo. El propósito del Alcalde Apolinar Salcedo era impedir un caos vehicular. Sin embargo, para algunos su verdadera intención era evitar que la marcha pasara por la Universidad del Valle, en donde los indígenas participarían de un acto cultural. “La posición nuestra –informó Marcos Guasaquillo, Coordinador de la emisora indígena Radio Puyamat– es pasar por la calle Quinta y entrar a la Universidad del Valle”. El ambiente de la marcha, aunque se sentía tensionante por la posibilidad de un inminente choque entre indígenas y policías, no dejaba de ser festivo. Los grupos de música andina animaban con sus kenas, zampoñas y bombos a una multitud que gritaba consignas en contra del TLC y del ALCA. Los estudiantes de la Universidad Autónoma, de la Fundación de Ciencias y del Instituto Antonio Nariño, instituciones ubicadas en las afueras de la ciudad, se agolpaban en las orillas de la vía Panamericana para aplaudir aquel río humano que se extendía por más de tres kilómetros. A veces, las risas estallaban porque aparecía uno de los personajes más pintorescos de la marcha. Se trataba de un hombre encapuchado que, además de ir cabalgando una yegua, vestía un traje negro de capa y sombrero. Era El Zorro, una de las personas que más se robó la atención de los medios. No obstante, cuando la marcha se fue acercando a Cali su protagonismo se desvaneció. Todos los camarógrafos corrieron ansiosos hacia el lugar donde se suponía que los policías iban a bloquear el acceso a la calle Quinta. En tal caso, los líderes indígenas habían decidido que las sesenta mil personas se sentarían a esperar un acuerdo pacífico. Sin embargo, Clímaco Álvarez, máximo dirigente del CRIC, en una reunión extraordinaria con el Alcalde Apolinar Salcedo, consiguió que se respetara la ruta pactada desde semanas atrás. La marcha, entonces, entró por la puerta grande de Cali, rumbo a las instalaciones de la Universidad del Valle. 

Un provocador capturado 

Los estudiantes habían preparado un acto cultural para recibir afectuosamente a quienes consideran un ejemplo de lucha a nivel nacional. Pero todo tuvo que ser cancelado intempestivamente por razones de seguridad que algunos medios tergiversaron. Resulta que desde muy temprano varios estudiantes de la Universidad habían detectado a un hombre con características sospechosas. Al capturarlo, descubrieron que cargaba un arma de fuego. El hombre confesó que habían otros provocadores profesionales acompañándolo. Los estudiantes, cuando la marcha llegó a las afueras de la Universidad, le entregaron el capturado a la Guardia Indígena. Los líderes, entonces, decidieron que la marcha siguiera de largo por la calle Quinta hasta el Coliseo El Pueblo, donde se encontrarían con las delegaciones provenientes de Candelaria, Yumbo y Ecuador. Ahora bien, en algunos periódicos apareció publicado que la decisión de los indígenas fue motivada porque los estudiantes y los sindicalistas querían aprovechar la ocasión para crear confusión, y no por la presencia de un provocador. 

El papel de los medios 

Foto tomada de: Periodicovirtual.com

Para los indígenas, el acompañamiento de los medios en general fue destacable, aunque señalaron que algunos periódicos trataron de empañar los verdaderos propósitos de la marcha. En sus informes resaltaron sólo una de las denuncias entabladas por los indígenas: la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en los Resguardos. Casi nada dijeron del rechazo al TLC y al ALCA, ni del encarcelamiento de Alcibíades Escué, ni de los abusos del Ejército. Ni siquiera mencionaron que el objetivo final de la marcha era sacar un Mandato Popular en el que todos los estamentos de la sociedad le hicieran unas exigencias puntuales al gobierno. “Lo único que han hecho es divulgar la información que le conviene al Presidente Álvaro Uribe”, aseguró el Director de Comunicaciones del CRIC, Jorge Caballero. 

No obstante, los indígenas venían preparados para afrontar esa problemática. En la marcha traían una bicicleta con un transmisor de radio que difundía al mundo entero (por medio de la Internet) lo que ocurría durante el recorrido. Además, instalaron una oficina de prensa en la Universidad del Valle con el fin de brindar información profunda y exacta. De igual modo, invitaron a varios reporteros europeos que laboran para noticieros independientes. También se destacaba el trabajo audiovisual que estaba realizando Marta Rodríguez, una de las directoras de cine y de documentales más reconocidas en Colombia. Su última producción registra el modo en que fueron exterminados los indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada. “¿Cómo es posible que entre 1993 y el 2004 asesinaran a más de doscientos cuarenta Kankuamos, sin que ningún medio investigara lo acontecido? Sólo en Noticias RCN, el pasado viernes 10 de septiembre, mostraron a un señor encapuchado que justificaba el asesinato de Kankuamos porque los consideraba subversivos. Definitivamente algunos medios de comunicación están al servicio de esos asesinos, manifestó Marta Rodríguez mientras le señalaba a su camarógrafo el lugar más apropiado para filmar la entrada de la marcha al Coliseo El Pueblo. 

Un Maestro Universal de la Sabiduría tras las rejas 

En 1991, esta reconocida directora fue invitada a las montañas del Cauca para dictar un taller de producción audiovisual. Los alumnos eran jóvenes indígenas que acababan de entregar las armas en la desmovilización del grupo guerrillero Quintín Lame. “El más destacado de todos –recordó Marta Rodríguez– era Daniel Piñacué”. Su dedicación no sólo lo convirtió en el mejor operador de cámara, sino que también lo llevó a ser hoy el líder más reconocido de las comunidades indígenas. Sin embargo, cuando los sesenta mil indígenas se acomodaban en los campamentos previamente instalados, él me explicó que en su cultura no se aplica el término liderazgo porque la voz de un hombre es el clamor de todo un pueblo. Además, me ilustró el TLC y el ALCA como un lobo que pide igualdad de condiciones en el corral de las gallinas. Por último, me habló de Alcibíades Escué, un anciano que fue declarado Maestro Universal de la Sabiduría por la UNESCO, que fue Vocero Internacional Ante los Organismos de Derechos Humanos, que fue Presidente del CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que fue Fiscal de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en fin, un hombre que siempre fue escogido por su honestidad para ocupar los cargos más honorables en las organizaciones de su comunidad, pero que hoy está preso porque la Fiscalía lo acusa de financiar un grupo paramilitar. 

El resultado final: un Mandato Popular 

El día viernes 17 de septiembre la Guardia Indígena, después de haber entregado a la policía al hombre que fue capturado en la Universidad, dispuso todo para recibir a la sociedad caleña en el Coliseo El pueblo. El propósito era realizar el primer Congreso Indígena y Popular, cuyas temáticas giraban en torno a cuatro puntos: conflicto armado, TLC – ALCA, reformas constitucionales y persecución estatal. Entre los participantes se encontraban los congresistas indígenas Francisco Rojas, Jesús Piñacué y Felix Tarapúez; además del Gobernador del Valle y los dirigentes políticos Navarro Wolf, Alexander López, Jorge Robledo y Luis Carlos Avellaneda. Los únicos que faltaron fueron los 40 Gobernadores de los Resguardos, quienes habían participado en la marcha. Su ausencia se debió al viaje que realizaron a Bogotá para exigir la libertad de Alcibíades Escué. Al día siguiente, los más de sesenta mil indígenas levantaron el campamento y se dirigieron a la Plaza de San Francisco para difundir el resultado del Congreso. Se trata del Mandato Popular, un documento en el que la sociedad manifiesta su inconformidad con el actual gobierno. Ahí, entre otras cosas, se decidió convocar a toda Colombia para realizar un referendo en contra del TLC y el ALCA, además de crear un Tribunal Permanente con personas reconocidas que se pronuncien ante las violaciones a los Derechos Humanos. Por otra parte, los indígenas se declararon en Asamblea Permanente y escogieron como sede de trabajo el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María. Así, la gran marcha de indígenas regresó a su punto de partida en una caravana de camiones, jeeps Willys y buses que salieron de forma ininterrumpida desde las doce del medio día hasta las siete de la noche. Un día después, el domingo 19, el Presidente Álvaro Uribe se dirigió a los colombianos por medio de la televisión. Dijo que los indígenas no tuvieron razones para llevar a cabo una manifestación de esa magnitud. Muy pronto, cuando el Mandato Popular empiece a materializarse, dirá lo mismo de los profesores, estudiantes, sindicalistas, vendedores, empleados públicos...

La otra muralla de Cartagena

Un recorrido por la zona marginal de la ciudad más turística de Colombia

Pensé que sería difícil conversar con la gente, que tendría que esforzarme para convencer por lo menos a alguien de que me contara su historia. Pero, a medida que empecé a caminar por las calles de Nelson Mandela, un barrio periférico de Cartagena, Colombia, descubrí que la situación era al contrario: nadie quería quedarse sin contar su historia, todos anhelaban ser escuchados.

De hecho Juvenal, el taxista que me llevó al lugar, me había comentado en el camino que la mayoría de habitantes del barrio a donde íbamos eran campesinos sencillos y amables. Pero él se refería directamente a la dificultad que tenían estas personas para conseguir trabajo en la ciudad. “Son analfabetos, no conocen nada de lo que se hace aquí, lo único que saben es manejar el machete y la pala para sembrar, nada más”.

Sin embargo, Angie Paola, de 21 años, y su esposo, José Julián, de 24, las dos personas con que primero conversé, han aprendido a defenderse en la ciudad. Ella lava platos en un restaurante cercano, mientras él recorre las calles aledañas vendiendo café. Entre ambos no alcanzan a reunir más de seis dólares diarios. “No es mucho, pero al menos todos los días tenemos para el arroz y los dos huevos fritos”, dice Angie con resignación.

Ellos, al igual que las demás personas que conocí, llegaron al barrio huyendo de la guerra que se desató en su pueblo natal entre guerrilleros, paramilitares y ejército. La mala suerte los acompañó hasta para escoger el lugar donde decidieron levantar su rancho de cartón y madera. Quedaron ubicados al lado de un arroyo de aguas negras que se desborda cuando llueve. La última vez que se inundaron lo perdieron todo: un radio, varios harapos de ropa y el colchón de paja. Ahora, cada noche de lluvia amanecen en vela con las cosas empacadas a la espera de que las aguas negras empiecen a ingresar al rancho.

Después de conversar con ellos, seguí caminando con Juvenal. Entonces le pregunté por qué estas personas cuando abandonaron sus tierras en el campo prefirieron desplazarse hacia Cartagena y no a otra ciudad que les ofreciera una mejor posibilidad. Juvenal sonrió con ironía: “Pensaron que en Cartagena, con tanto turismo que hay, iban a conseguir una mejor vida, pero no sabían que aquí todo el dinero se queda en manos de tres familias corruptas que son las que mandan”.

En ese momento una mujer se acercó a saludarnos. Era Ana Hernández, una viuda de 59 años cuyo rostro reflejaba un cansancio sepulcral. Quería que ingresáramos a su vivienda para que conociéramos a su hermana Lenid Marías, quien permanecía sentada en una desvencijada silla mecedora. Su aspecto era aterrador: se rascaba con desespero todo el cuerpo y se retorcía haciendo esfuerzos por pronunciar alguna palabra y miraba hacia todas partes sin poder controlar sus ojos. “Ella sufre retraso mental, pero lo peor de todo es que el piojillo la está matando”, dijo Ana. ¿El piojillo?, le pregunté. “Sí, un animalito que se cría en las aguas negras que hay por aquí, todos nosotros lo tenemos en el cuerpo, la rasquiña en las noches es insoportable”, respondió.

Al salir de la vivienda, Juvenal me señaló la pequeña corriente de aguas negras que se deslizaba por la mitad de la calle y donde un niño estaba metido con los pies descalzos: “Ese es el alcantarillado aquí, por ahí bajan los excrementos y todas las suciedades de cada casa”. A mí me pareció imposible que ninguna autoridad o entidad hubiese hecho algo por mejorar minimamente la calidad de vida de estas personas. “Plata sí le han metido a este barrio”, dijo Juvenal, “lo que pasa es que toda se la han robado”.

A medida que seguimos internándonos en el barrio, los niños empezaron a seguirnos. Todos querían ser fotografiados y luego ver en la pantalla cómo habían quedado, con sus cuerpos escuálidos y sus ropas moribundas. De igual modo, varios adultos se acercaron y nos invitaron a pasar a sus humildes viviendas. La mayoría eran vendedores ambulantes de comidas y bebidas. Pero ninguno lo hacía en Bocagrande, el sector hotelero donde se alojan los turistas que llegan de todo el mundo, un lugar conocido como “La pequeña Miami”. Ni tampoco lo hacían en la Ciudad Antigua, el lugar de peregrinaje de los turistas, con hermosas casas coloniales e imponentes castillos encerrados por una famosa muralla que hace siglos sirvió para que la ciudad se defendiera de los ataques piratas. “Es que para llegar a esos sitios nos tocaría que trabajar sólo para pagar los pasajes”, me explicó un señor.

Fue en ese momento cuando comprendí que había atravesado la otra muralla de Cartagena. No esa que está protegida como patrimonio arquitectónico y cultural de la humanidad. No, esa no, sino la otra. Esa que han levantado las clases dirigentes, con la complicidad de algunos medios de comunicación, para que el mundo no conozca la realidad de centenares de personas que no alcanzarían a reunir en un año de sacrificios lo que un turista se gasta en un día de diversión.